Ciudad Juárez.– Apenas 120 de las cerca de 250 terrazas con alberca y espacios similares registrados por las autoridades han acudido este año a regularizar su situación ante Protección Civil, por lo que la dependencia lanzó una advertencia directa a la ciudadanía: antes de rentar uno de estos inmuebles para fiestas o convivios, debe verificar que cuente con permisos vigentes y medidas de seguridad, ya que si durante un operativo se detecta que opera fuera de norma, el evento puede ser suspendido de inmediato y los afectados terminan siendo los propios usuarios.
La alerta fue emitida por el director general de Protección Civil, Sergio Rodríguez, quien dejó en claro que el problema no sólo alcanza a los propietarios de estos negocios, sino también a las familias que los contratan sin confirmar su estatus legal y administrativo. En términos operativos, cuando una alberca, jardín o terraza carece de documentación, certificados o condiciones mínimas de seguridad, la autoridad procede al cierre inmediato del lugar, lo que deja sin margen de maniobra a quienes ya pagaron o celebraban una festividad en ese sitio.
Rodríguez informó que desde inicios de abril el Municipio reforzó este tipo de operativos en distintos puntos de la ciudad, en acciones coordinadas con Desarrollo Urbano, Ecología, Regulación Comercial, Seguridad Pública y Seguridad Vial. El despliegue interinstitucional, explicó, responde tanto a denuncias ciudadanas recibidas en dependencias municipales y en la plataforma de Atención Ciudadana, como a recorridos de inspección mediante los cuales se identifican establecimientos que operan de manera irregular.
El funcionario subrayó que estos dispositivos buscan intervenir de forma preventiva y correctiva negocios que prestan servicios sin cumplir plenamente con la normatividad aplicable. El objetivo, precisó, es que los propietarios se acerquen a las instancias municipales, estatales o federales correspondientes para poner en regla su operación, especialmente en el plano administrativo y de protección a usuarios, y así evitar sanciones, clausuras o restricciones en plena temporada de alta demanda de estos espacios.
De acuerdo con el padrón de años anteriores, la Dirección General de Protección Civil ha contemplado entre 200 y 250 albercas, terrazas y jardines de este tipo en la ciudad. En lo que va del presente ejercicio, alrededor de 120 han acudido a realizar algún trámite de regularización, aunque la autoridad aclaró que ello no significa necesariamente que el resto esté en incumplimiento, ya que algunos permisos mantienen vigencia anual y podrían seguir activos hasta su fecha de vencimiento.
Sin embargo, Rodríguez reconoció que durante los operativos sí han sido detectados diversos espacios que no cuentan con permisos, documentación o medidas básicas de seguridad. Tan sólo durante los fines de semana, dijo, las intervenciones permiten ubicar en promedio entre cuatro y seis albercas o negocios de este giro con irregularidades, lo que confirma que persiste un segmento importante de establecimientos operando en condiciones administrativas deficientes o fuera de legalidad.
En los casos donde no existen condiciones para la regularización inmediata, la autoridad impide que el inmueble siga siendo utilizado como negocio, aunque se trate de una propiedad privada. En otras situaciones, se establece un convenio para que el propietario atienda observaciones y avance en su incorporación a la normatividad. Pero mientras eso ocurre, la afectación suele recaer de manera directa en quienes habían apartado el lugar para una reunión familiar, una fiesta o cualquier celebración.
La recomendación oficial a la ciudadanía es puntual: antes de contratar una terraza, jardín o alberca, debe cerciorarse de que el sitio tenga dictamen o certificado emitido por la Dirección General de Protección Civil, además de permisos y anuencias vigentes. Esa verificación, advirtió la dependencia, puede marcar la diferencia entre una convivencia segura y una suspensión que arruine el evento en pleno desarrollo.
El llamado también representa una presión directa para los empresarios del ramo, en un contexto donde la autoridad busca cerrar espacios a la improvisación comercial y elevar la exigencia regulatoria en negocios que concentran personas, consumo y actividades recreativas. En términos de gestión del riesgo, la revisión no se limita a documentos: implica constatar que existan medidas preventivas, condiciones de operación y capacidad de respuesta ante cualquier incidente.
Con el arranque de estos operativos de abril, el Municipio endurece la supervisión sobre un giro que tradicionalmente incrementa su actividad con la llegada del calor. La advertencia de Protección Civil no deja margen para la omisión: quien rente sin verificar permisos se expone a perder su fiesta, y quien opere sin regularizarse corre el riesgo de ser clausurado en plena intervención de la autoridad.
